En julio, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú mostraba que el 64% de los entrevistados se siente insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia y solo el 35% estaba muy satisfecho o satisfecho. Sin embargo y pese a este elevado porcentaje de insatisfacción, es muy sugerente que un 62% cree que la democracia es la mejor forma de gobierno. Por otro lado, es cada vez más creciente el número de peruanos/as que les da lo mismo cualquier forma de gobierno o que en ciertas ocasiones es aceptable un gobierno no democrático. Estas cifras nos muestran que la democracia, el pueblo autogobernándose, está en crisis y que aún no ha terminado de hacer asidero en las actitudes tanto de los gobernantes y gobernados. Estos últimos ven vulnerados sus derechos en la medida que la desigualdad, pobreza y exclusión ha crecido. La democracia, lejos de ser un estilo de vida, se ha convertido en un asistir a las urnas, cada cuatro o cinco años, obligados por criterios como el que tengo que cumplir y no hacerse merecedor de una multa que ya de por si contradice uno de los principios fundamentales de la democracia: la libertad. En definitiva, la democracia se ha convertido, para muchos peruanos y peruanas en una cuestión ajena que hace referencia a terceros la responsabilidad de asumirla.
Así como a nivel de ciudadanos se ve una crisis frente al entendimiento de la democracia, a nivel de representantes el panorama es similar. A este nivel, también se presentan características que traicionan los principios democráticos. Muchos de los elegidos la entienden como posibilidad de hacer lo que deseen, incluso traicionar el compromiso por el que fueron electos y le “sacan la vuelta” a la voluntad popular. Vivimos una avalancha de tránsfugas que traiciona, no solo la voluntad popular, sino también los propios principios del partido o movimiento por el que fueron elegidos. Junto al transfugismo existe una práctica más escandalosa y repudiable: los casos de autoridades electas que anteponen sus intereses personales y familiares a los intereses del pueblo que los eligió. La democracia es utilizada para alcanzar el beneficio exclusivamente personal antes que el bien común.
Estos comportamientos han dado como resultado la fragilidad del sistema democrático que, como muy bien señala José Nun, nos muestra una “una gran desigualdad unida a una gran pobreza y a una gran polarización”. Características que no son ajenas a nuestro país en el que, siguiendo a Nun, se presenta como una sociedad de 60, 30 y 10, es decir, donde el 20% más rico se apropia del 60% del total de los ingresos, el 40% del 30% y el restante 40% más pobre sólo se apropia del 10% de los ingresos del país.
Dada esta situación es importante plantear estrategias que contribuyan a revertir la infidelidad a los principios y valores democráticos. Una primera consideración al respecto está en la importancia que tenemos que dar a fortalecer la participación ciudadana, es decir, el involucrar a la población en la toma de decisiones públicas y vigilar su efectivo cumplimiento. De aquí surge la necesidad de una propuesta pedagógica que generar capacidades y habilidades para la participación ciudadana a tal punto que, como muy bien señala Nelson Manrique, supere la existencia de una república sin ciudadanos, donde una minoría se siente la encarnación de la nación y con el derecho de excluir a las grandes mayorías, consideradas ajenas al país, en una flagrante contradicción con el ideario democrático consagrado en sucesivas constituciones.
Por otro lado, es fundamental hacer realidad, de forma decidida, la descentralización en el país ya que parafraseando a Fernando Tuesta “la precariedad de la democracia en el Perú tiene una relación profunda con el centralismo. El proceso de constitución del Perú como nación se ha realizado en torno a un patrón de desarrollo desigual que concentra los recursos económicos y humanos en determinadas ciudades de litoral, subdesarrollando su entorno inmediato. Este proceso ha llegado a su extremo en Lima, que es donde terminan todos los circuitos de poder, económico, político y simbólico. No se trata sólo de que existe una distribución inequitativa de los recursos económicos y humanos. El problema fundamental es la existencia de un patrón de desarrollo que lleva las desigualdades al extremo”.
Una tercera propuesta para la consolidación de la democracia en el país es la apuesta por superar patrones culturales de discriminación y racismo. Es muy fuerte la desvaloración del conciudadano por cuestión de color, origen, economía, etc, que ha fragmentado al Perú, y a internalizado la denominada sociedad estamental, donde se cree que cada uno tiene su lugar y donde la movilidad social no es legítima. Aquí hay una tarea pendiente que muy bien haríamos en prestar más atención mediante programas de sensibilización y la consolidación de una legislación acorde a la pluralidad y la diversidad del Perú.
Es importante señalar, siguiendo a Tuesta que “los lineamientos aquí señalados podrán ponerse en práctica sólo si existe una voluntad política para realizar el cambio”. Recordar también que “no existe comunidad política democrática en donde las reglas de juego no sean estables y respetadas” buscando ajustarlas a intereses individuales, característica muy común en nuestro país. Por ello, nuestra propuesta pasa por advertir a la ciudadanía que evadir el compromiso con los principios democráticos, es sencillamente renunciar al proyecto de un país libre de pobreza, exclusión y polarización que anhelamos. Aquí, definitivamente hay una tarea pendiente que no puede esperar.
Así como a nivel de ciudadanos se ve una crisis frente al entendimiento de la democracia, a nivel de representantes el panorama es similar. A este nivel, también se presentan características que traicionan los principios democráticos. Muchos de los elegidos la entienden como posibilidad de hacer lo que deseen, incluso traicionar el compromiso por el que fueron electos y le “sacan la vuelta” a la voluntad popular. Vivimos una avalancha de tránsfugas que traiciona, no solo la voluntad popular, sino también los propios principios del partido o movimiento por el que fueron elegidos. Junto al transfugismo existe una práctica más escandalosa y repudiable: los casos de autoridades electas que anteponen sus intereses personales y familiares a los intereses del pueblo que los eligió. La democracia es utilizada para alcanzar el beneficio exclusivamente personal antes que el bien común.
Estos comportamientos han dado como resultado la fragilidad del sistema democrático que, como muy bien señala José Nun, nos muestra una “una gran desigualdad unida a una gran pobreza y a una gran polarización”. Características que no son ajenas a nuestro país en el que, siguiendo a Nun, se presenta como una sociedad de 60, 30 y 10, es decir, donde el 20% más rico se apropia del 60% del total de los ingresos, el 40% del 30% y el restante 40% más pobre sólo se apropia del 10% de los ingresos del país.
Dada esta situación es importante plantear estrategias que contribuyan a revertir la infidelidad a los principios y valores democráticos. Una primera consideración al respecto está en la importancia que tenemos que dar a fortalecer la participación ciudadana, es decir, el involucrar a la población en la toma de decisiones públicas y vigilar su efectivo cumplimiento. De aquí surge la necesidad de una propuesta pedagógica que generar capacidades y habilidades para la participación ciudadana a tal punto que, como muy bien señala Nelson Manrique, supere la existencia de una república sin ciudadanos, donde una minoría se siente la encarnación de la nación y con el derecho de excluir a las grandes mayorías, consideradas ajenas al país, en una flagrante contradicción con el ideario democrático consagrado en sucesivas constituciones.
Por otro lado, es fundamental hacer realidad, de forma decidida, la descentralización en el país ya que parafraseando a Fernando Tuesta “la precariedad de la democracia en el Perú tiene una relación profunda con el centralismo. El proceso de constitución del Perú como nación se ha realizado en torno a un patrón de desarrollo desigual que concentra los recursos económicos y humanos en determinadas ciudades de litoral, subdesarrollando su entorno inmediato. Este proceso ha llegado a su extremo en Lima, que es donde terminan todos los circuitos de poder, económico, político y simbólico. No se trata sólo de que existe una distribución inequitativa de los recursos económicos y humanos. El problema fundamental es la existencia de un patrón de desarrollo que lleva las desigualdades al extremo”.
Una tercera propuesta para la consolidación de la democracia en el país es la apuesta por superar patrones culturales de discriminación y racismo. Es muy fuerte la desvaloración del conciudadano por cuestión de color, origen, economía, etc, que ha fragmentado al Perú, y a internalizado la denominada sociedad estamental, donde se cree que cada uno tiene su lugar y donde la movilidad social no es legítima. Aquí hay una tarea pendiente que muy bien haríamos en prestar más atención mediante programas de sensibilización y la consolidación de una legislación acorde a la pluralidad y la diversidad del Perú.
Es importante señalar, siguiendo a Tuesta que “los lineamientos aquí señalados podrán ponerse en práctica sólo si existe una voluntad política para realizar el cambio”. Recordar también que “no existe comunidad política democrática en donde las reglas de juego no sean estables y respetadas” buscando ajustarlas a intereses individuales, característica muy común en nuestro país. Por ello, nuestra propuesta pasa por advertir a la ciudadanía que evadir el compromiso con los principios democráticos, es sencillamente renunciar al proyecto de un país libre de pobreza, exclusión y polarización que anhelamos. Aquí, definitivamente hay una tarea pendiente que no puede esperar.
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