POLITICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD

En el Perú los y las jóvenes se caracterizan por su estado de exclusión, marginalidad y pobreza. Realidad que contradice el común y manoseado discurso de apoyo y opción por los jóvenes de parte de las autoridades locales, regionales y nacionales; se habla mucho de los y las jóvenes pero en la práctica se hace poco o casi nada por ellos, iniciativas a su favor son escasas en las agendas públicas y las pocas que han existido han sufrido lo que Eduardo Morón llama la volatilidad de las políticas públicas en el país, es decir, “un proceso arbitrario, determinado por la voluntad y las preferencias del gobierno de turno o por líderes individuales y fácilmente reversibles en un corto periodo de tiempo”. Surge entonces la necesidad de compatibilizar el discurso por los jóvenes con la acción por ellos.

En el 2001, el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH) elabora los primeros lineamientos de políticas de juventudes con la finalidad de “promover la incorporación de los y las jóvenes a la vida política, social, económica y cultural del país”. Con ellos se marca el inicio de las agendas juveniles en el país buscando revertir los años de olvido y desarticulación del rol del Estado en políticas públicas de juventud. Pese a su importancia tienen una gran debilidad ya que su elaboración corrió por cuenta de los “expertos” en temas juveniles con escaza participación de los y las jóvenes. Si a ello le sumamos la no concreción de dichas políticas nos encontramos con una de las características más saltantes de las decisiones públicas en el país advertida por Morón: la debilidad para hacerlas cumplir; “la limitada capacidad de todas las ramas del gobierno para poner en práctica las decisiones de políticas y para conferirles los mecanismos adecuados de evaluación y supervisión”.

Pero las políticas públicas de juventud no solo se caracterizan por su incumplimiento sino también por su volatilidad. Al siguiente año de publicitados los primeros lineamientos, Toledo publica la ley del Consejo Nacional de la Juventud 27802, con la cual nace una institucionalidad técnica con autonomía y especializada en juventudes: El Consejo Nacional de Juventud (CONAJU). Un sistema integrado por la Comisión Nacional de Juventud (CNJ) y el Consejo de participación juvenil (CPJ) con jóvenes miembros de todo el país y una instancia de coordinación entre los Ministerios, los especialistas y los jóvenes representantes. Su primera acción fue la elaboración del diagnóstico situacional de las juventudes del país, seguido de un análisis prospectivo para terminar finalmente con los lineamientos de políticas de juventud.

El proceso impulsado por el CONAJU se diferencia del PROMUDEH significó, según Macassi “el mayor esfuerzo de participación e inclusión de la sociedad civil y de los beneficiarios en el desarrollo de una política pública, incluyendo cerca de 25,000 jóvenes y expertos de todas las regiones del país, constituyéndose en los lineamientos más participativos de la historia del país”. Sin duda, un proceso que revirtió el estilo tradicional de formular políticas en el país donde la sociedad civil siempre está ausente y las políticas se elaboran según intereses de determinados grupos de poder económico o político sin recoger la opinión e interés de las grandes mayorías. La participación de los jóvenes en el proceso impulsado por el CONAJU fue única y peculiar; miles de jóvenes aportando, dialogando entre sí, expresando su apuesta por transformar el futuro.

Sin embargo y pese al gran esfuerzo que significó la elaboración del Plan Nacional de la Juventud y la implementación de la institucionalidad juvenil en el país, el Gobierno de Alan García, argumentando la necesidad de ahorro decide, vía decreto supremo 010-2007 ED que el Ministerio de Educación (MINEDU) absorba el CONAJU creando de esta manera la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) que a diferencia del CONAJU con rango ministerial es una oficina adscrita al MINEDU. De esta manera, las políticas de juventudes a nivel nacional, si bien no regresan a la situación inicial de los años 90 dan un enorme retroceso, eso debido a que la SNJ sólo tiene funciones de dirección en varios campos y no de decisión o formulación en temas de juventud. Una realidad que sin duda, nos presenta claramente las características de las políticas públicas en el Perú; arbitrarias, volátiles y fácilmente reversibles, de baja calidad, ineficientes e ineficaces y con una debilidad para hacerlas cumplir a lo que le sumamos la escaza o nula participación de la sociedad civil en su formulación e implementación.

Esta situación es de alta preocupación entendiendo que el desarrollo del país, en cierta medida, está marcado por el aporte de los jóvenes. El Gobierno no sabe qué hacer con los jóvenes y las veces que se ha intentado implementar iniciativas a su favor, han devenido en procesos cortos e intrascendentes sólo a favor de la publicidad estatal y en desmedro del desarrollo de las juventudes del país.