MAS CORRUPCION CON MAS DERECHOS VULNERADOS

Hace unos días tuve el privilegio de desayunar junto a dos niñas, hermanas ellas, del caserío El Yumbe del distrito de Pacaipampa; Johana y Milena. La primera de doce años de edad y la segunda de siete. Una no estudia y la menor está en el segundo grado de primaria. Cuando pregunté a Johana los motivos por los que no asiste a la escuela, sentenció con una contundente revelación: “Mi papá no quiere que estudie” y tú, quieres estudiar, pregunté, “¿cómo? si no tenemos plata para comprar cuadernos” me respondió. Por su parte, Milena, devoraba el estofado que estaba en la mesa con un gusto inigualable y a cada pregunta que le hacía sólo atinaba a reír y mirar a su hermana. En fin, terminamos de desayunar y nos despedimos después de comprometernos a volvernos a ver en su caserío en unos días. El desayuno resultó todo un privilegio debido a que no es fácil conseguir que dos niñas, un poco tímidas, se sienten a comer con un desconocido. Sin embargo, me llenó de preocupación que el papá de estas niñas no quiera que estudien; ¿puede haber padres en pleno siglo XXI, el siglo del conocimiento y la información, que no quieran que sus hijos estudien? Me costaba creerlo. ¿O es que detrás de esa respuesta, en realidad, lo que sucede es que los ingresos del papá no alcanzan para garantizar el derecho a la educación que tienen sus hijas? En este caso, no es que no quiera enviarlas a la escuela, sino que sencillamente no puede. Todos sabemos que por más que nuestra constitución en su artículo 17 señale que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias, que en las instituciones del Estado la educación es gratuita y que este mismos Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente en las universidades a aquellos alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con recursos para cubrir los costos de educación, es sencillamente un engaño. La educación en el Perú cuesta y quien no tiene plata sencillamente está impedido de educarse, mucho menos de asistir a una universidad pública en la que no sabe cuando empezará a estudiar o si algún día terminará su carrera.

Asi como el derecho a la educación de estas dos niñas está claramente violado, también hay otros derechos que están siendo gravemente vulnerados que nos demuestran que para el Estado, la persona humana y el respeto de su dignidad ha dejado de ser el fin supremo. Por el contrario, el Estado se ha convertido en el protector del bolsillo de unos cuantos que no dudan en saquearlo, en el cómplice de empresas que no cumplen sus contratos y sencillamente realizan trabajos de pésima calidad que inundan el país con obras mal hechas, inconclusas y sobrevaloradas.

Casos como el de estas hermanitas son muy comunes en nuestra región que no debemos dejar pasar por alto, sobre todo quienes dirigen los destinos de nuestros pueblos. Por el contrario, deben ser movilizadores del cambio que necesita dar el Estado para cumplir su deber de garantizar la plena vigencia de los derechos de las personas, dar seguridad y promover el bienestar general que como señala la constitución, se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. En definitiva, el desafío está en dejar de ver al Estado como la caja chica de quienes están momentáneamente en el poder o el espacio al que necesito llegar para salir de los apuros económicos, aunque esto suponga negar los derechos fundamentales a Johana y Milena. Para lograrlo, se necesita sancionar efectivamente a quienes desvían los recursos del tesoro público hacia sus propios bolsillos, lo contrario, permitirá la continuidad del saqueo.